Lo que Ayotzinapa nos dice de México, once años después


Ayotzinapa: Cuando el Estado se investiga a sí mismo

A casi once años de la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, México sigue girando en torno a una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Dónde están? Pero hay otra, quizás más profunda, que también sigue sin resolverse: ¿Por qué, después de tanto tiempo, la justicia no ha llegado?

La reciente apertura de nuevas líneas de investigación, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reavivado la esperanza de los padres y madres de los estudiantes. Se ha prometido una “nueva visión”, acceso irrestricto a los archivos, colaboración interinstitucional, y una revisión a fondo de los hechos. Pero también ha reabierto una vieja herida: ¿por qué seguimos, después de más de una década, empezando de nuevo?

La verdad que nunca llega

La historia de Ayotzinapa no es sólo la historia de una desaparición. Es la historia de un Estado que se vuelve sospechoso, de instituciones que se contradicen, de fiscales que se reemplazan, de archivos que aparecen y desaparecen, y de verdades oficiales que se construyen como versiones útiles, no como certezas verificadas.

La llamada "verdad histórica" —la versión difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015— fue más un acto de control político que una conclusión judicial. Se presentó como cierre, cuando en realidad fue un cerrojo. Hoy sabemos que fue construida con pruebas manipuladas, testimonios arrancados bajo tortura y un afán desesperado por apagar el escándalo. Fue, como muchas veces ocurre, una verdad administrada para no incomodar al poder.

El Estado como juez y parte

Uno de los mayores obstáculos para esclarecer el caso Ayotzinapa ha sido, paradójicamente, que el mismo Estado encargado de investigar es también parte del problema. No se trata de un simple error de procedimiento. Se trata de policías municipales coludidos con el crimen organizado, de mandos militares que sabían y no actuaron, de cadenas de mando que encubrieron o callaron, y de una estructura judicial que se dobló para proteger a los suyos.

¿Puede realmente haber justicia cuando quienes deben impartirla tienen las manos manchadas o los archivos cerrados? ¿Puede hablarse de verdad cuando cada nuevo fiscal tiene que reconstruir el caso desde las ruinas de versiones anteriores?

Las nuevas líneas de investigación: ¿un nuevo inicio o un déjà vu?

Las promesas actuales incluyen cinco ejes: búsqueda en campo, identificación humana, justicia judicial, procesos de extradición y rompimiento del pacto de silencio. También se ha puesto énfasis en una línea clave: la detención de 17 normalistas por policías municipales, su traslado a diversos puntos de Guerrero, y la posibilidad de que detrás de todo haya existido una coordinación central del ataque.

Además, los padres han logrado acceder a archivos antes negados, e incluso el Ejército ha permitido inspecciones en instalaciones como el 27 Batallón de Infantería. Pero todavía hay límites, zonas opacas, piezas faltantes. Cada avance parece ser una concesión, no un deber.

Y es aquí donde el caso Ayotzinapa se convierte en algo más que una tragedia. Se vuelve un espejo. Un espejo oscuro, incómodo, en el que México se ve a sí mismo: con una justicia que funciona con lentitud selectiva, un Estado que protege a sus instituciones más que a sus ciudadanos, y un pueblo que resiste el olvido con dignidad, pero también con cansancio.

¿Y si no queremos saber?

La pregunta que flota, silenciosa pero persistente, es quizás la más dolorosa: ¿y si ya sabemos lo que pasó, pero no queremos aceptarlo? ¿Y si la verdad completa implica reconocer que el Estado fue parte activa de la desaparición y muerte de jóvenes estudiantes, y eso es algo que ninguna administración ha estado dispuesta a asumir?

Porque lo cierto es que, a once años, no nos faltan datos. Nos falta voluntad. Nos faltan consecuencias. Nos falta justicia.

Lo que Ayotzinapa dice de nosotros

El caso de los 43 no es un capítulo aislado de la historia. Es una prueba que seguimos reprobando como sociedad y como país. No se trata sólo de saber qué pasó esa noche en Iguala. Se trata de saber qué clase de país somos once años después. Uno donde se puede desaparecer a jóvenes sin dejar rastro, y donde el tiempo, en lugar de acercarnos a la verdad, nos aleja con nuevas versiones.

Hoy más que nunca, hablar de Ayotzinapa es hablar del corazón mismo de nuestras instituciones: su debilidad, su miedo, su complicidad. Y también, por contraste, de la fuerza y dignidad de quienes, contra todo, siguen buscando.

¿Hasta cuándo?

En septiembre de 2025 se presentarán formalmente las nuevas líneas de investigación a los familiares. El país estará mirando, otra vez, como lo ha hecho tantas veces. La diferencia no está en lo que se diga, sino en lo que se haga después. Porque si este nuevo intento fracasa, no sólo será un golpe para las familias. Será un golpe definitivo para la esperanza de que, en México, la justicia pueda ganarle alguna vez a la impunidad.

¿Estamos listos para conocer toda la verdad? ¿O seguimos temiéndole más a lo que nos revela que a lo que nos oculta?

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