Sabemos que no habrá justicia. Aún así la exigimos.

Lo que incomoda del caso de Edith Guadalupe Valdés no es solo lo que pasó. Es que, en algún punto, todos sabíamos cómo iba a desarrollarse. No los detalles, no el desenlace exacto, pero sí la forma: la demora, la respuesta institucional que llega después, la explicación que intenta ordenar lo que ya se desbordó. Y eso obliga a mirar en otro nivel. No el del crimen, sino el del lenguaje del poder. Porque un gobierno no solo actúa: narra lo que hace. Y esa narración no es decorativa. Es parte del funcionamiento mismo del Estado. Una política pública no termina en su ejecución; termina en su capacidad de ser comprendida, asumida y creída. Ahí es donde se cierra —o se rompe— el circuito de legitimidad.

En condiciones normales, acción y narrativa están alineadas. Un Estado que actúa con eficacia puede sostener una narrativa creíble porque no necesita forzarla. La realidad le da sustento. La coherencia entre lo que ocurre y lo que se dice produce algo muy simple pero muy poderoso: confianza. El problema empieza cuando esa coherencia se rompe. Entonces la narrativa deja de ser un reflejo y se convierte en un sustituto. Ya no describe lo que pasó; intenta compensarlo. Ya no explica la realidad; la corrige. Y en ese desplazamiento se vuelve cada vez más frágil. Eso es lo que se ve en este caso. No una narrativa equivocada, sino una narrativa desanclada.

El Estado habla, pero habla desde un lugar que ya no coincide con la experiencia de quienes lo observan. Dice que actuó, pero la secuencia muestra otra cosa. Dice que hay protocolos, pero la urgencia no estuvo ahí. Dice que habrá justicia, pero esa promesa ya no tiene el mismo peso que antes. No porque la gente haya dejado de creer en la justicia, sino porque ha aprendido a distinguir entre la idea de justicia y su realización efectiva. Y ahí aparece una tensión más profunda, casi filosófica.

Sabemos que el sistema no responde como debería. Lo hemos visto repetirse. Sabemos que la justicia llega tarde, mal o no llega. Sabemos que muchas veces depende más de la presión que de la norma. Y, sin embargo, seguimos reaccionando como si esperáramos otra cosa. Seguimos exigiendo. Seguimos indignándonos. Seguimos pidiendo que el Estado haga lo que, en la práctica, ya asumimos que no hará. Esa contradicción no es debilidad. Es lo que mantiene en pie la idea misma de Estado. Porque si la sociedad dejara de exigir, si dejara de indignarse, si dejara de reaccionar ante estos casos, entonces sí estaríamos frente a algo más grave que la ineficiencia o la negligencia: estaríamos frente a la renuncia. Lo que existe hoy es otra cosa. Es una especie de equilibrio inestable.

Por un lado, una narrativa institucional que intenta sostener la idea de que el sistema funciona, aunque sea a través de correcciones posteriores. Por otro, una narrativa social que ya no se construye desde la confianza, sino desde la memoria: recuerda cómo han sido los casos anteriores y, a partir de ahí, interpreta el presente.

El punto crítico es que estas dos narrativas ya no coinciden. Y cuando dejan de coincidir, el problema no es solo de credibilidad. Es de legitimidad. Porque la legitimidad no depende únicamente de que el Estado tenga autoridad formal. Depende de que su versión del mundo sea, al menos, plausible. No necesariamente perfecta, no necesariamente completa, pero sí reconocible para quienes la escuchan.

Cuando esa plausibilidad se pierde, el discurso institucional no desaparece. Sigue ahí, pero cambia de función. Ya no organiza la realidad. La acompaña. Llega después, la rodea, intenta encuadrarla, pero no logra apropiarse de ella. En ese punto, la narrativa deja de ser poder. Y sin narrativa creíble, el poder se vuelve más frágil de lo que aparenta. Puede seguir operando, puede seguir tomando decisiones, puede incluso resolver casos. Pero cada vez le cuesta más algo esencial: que lo que dice sea tomado en serio sin necesidad de ser verificado, cuestionado o confrontado.

El caso de Edith no cambia eso. No inaugura nada nuevo. Pero lo hace visible con una claridad incómoda. Nos muestra que el problema no es solo que el Estado falle, sino que ha desarrollado una forma de hablar sobre sus fallas que ya no alcanza para sostener la confianza. Y, al mismo tiempo, nos muestra algo igual de importante: que la sociedad, aun sabiendo esto, no ha dejado de esperar otra cosa.

Esa es la paradoja. Sabemos que la justicia no opera como debería, pero seguimos reaccionando como si fuera posible que opere. Sabemos que la narrativa institucional es insuficiente, pero seguimos escuchándola, contrastándola, exigiéndole consistencia.

Entre esas dos cosas —la desconfianza aprendida y la expectativa persistente— se mueve hoy la relación con el Estado. No es una relación de fe. Tampoco es una relación de ruptura. Es una relación tensa, sostenida más por la necesidad que por la convicción. Y quizá ahí está el punto más delicado: mientras esa tensión exista, el Estado todavía tiene margen para reconstruir coherencia. Pero ese margen no es infinito. Porque la narrativa puede compensar muchas cosas, pero no puede sustituir indefinidamente a la realidad. Y cuando esa sustitución se vuelve evidente, lo que se desgasta no es solo la credibilidad de un caso. Es la idea misma de que el Estado puede, algún día, hacer lo que dice.

Eduardo Vázquez Chávez

Analista político  

X: @edovazquez · eduardovazquezmx.com