El PAN repartió las boletas, pero no el poder: la verdadera lección de la reelección de Jorge Romero
A principios del mes de junio de 2026, una
resolución pasó frente a la opinión pública con la discreción con la que suelen
circular aquellas noticias que, pese a su importancia, pasan sin mayor
trascendencia cuando en realidad nos regalan una lectura más clara y profunda
sobre lo que acontece. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación confirmó, por seis votos contra uno, que Jorge Romero, presidente
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), podrá buscar la reelección al
frente del partido sin ningún impedimento legal.[1] La
fórmula que lo permite es, en sí misma, una pieza de ingeniería estatutaria: si
un hombre encabeza el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la siguiente
convocatoria se abrirá únicamente a mujeres, pero él podrá competir una vez más
entre ellas; solo si pierde, o si gana y agota ese segundo periodo, la puerta
quedará cerrada para los varones en el ciclo que sigue. Todo legal conforme al
marco estatutario. Y es precisamente esa legalidad impecable lo que hace más
revelador el caso: una norma diseñada para abrir el acceso opera, en los
hechos, como mecanismo de continuidad. El partido que se propuso democratizar
su vida interna terminó codificando, estatutariamente, la ventaja de quien ya
ejerce el poder.
Sin embargo, esto resulta ser más revelador de
lo que parece pues no es un tema solo de género sino que es más profundo,
porque pone en evidencia sin querer un problema que el PAN cree haber resuelto
desde 2013: ¿la elección de su presidente quien la decide y como se decide? Ese
año el PAN sustituyó la elección indirecta de su dirigencia —decidida hasta
entonces por el Consejo Nacional— por el voto directo y secreto de toda la
militancia, bajo la consigna de que esa reforma les devolvía el poder a las bases.
Once años después, la pregunta que el caso Romero invita a la reflexión no es
sobre si esa reforma amplió el padrón de quienes votan —eso es innegable e
incluso generó otros problemas como el de tener padrones inflados y a modo—,
sino si alguna vez se consideró ampliar el universo de quienes, en los hechos,
pueden ganar.
Pareciera, a primera vista, que la reforma era
la respuesta ideal para democratizar el proceso de elección de su presidente
nacional y dejar atrás aquella representación selectiva e indirecta; eso era
parcialmente correcto pero omitía algo muy importante: el abrir la posibilidad
de ampliar la base de quien elegie mediante su voto, hacía aún más difícil las
condiciones en las que cualquier militante podía participar en dicha elección
en igual de circunstancias, convirtiendo el nuevo proceso, paradójicamente,
menos democrático al favorecer a quien tiene los recursos y los medios
necesarios para ganar una elección a nivel nacional. Esto generó un efecto de
proporcionalidades directas e inversas: a mayor número de electores, mayor
necesidad de recursos para llegar al electorado; a menores recursos mayor
dificultad para hacer frente a quienes cuentan con todo un aparato, medios y
recursos para hacer campaña y llegar a todo el electorado.
Con esto, sin querer, se fortaleció el derecho
de la base a elegir a su presidente, pero dificultó la posibilidad de que
cualquier militante pudiera acceder a ese cargo, lo que nos invita a realizar una
importante reflexión. Si bien el viejo modelo de elección, aquel edificado
desde una democracia representativa, el de los consejos y las asambleas
indirectas, parecía antidemocrático al favorecer aparentemente la negociación
entre los integrantes de las cúpulas como bien observaban quienes lo
criticaban, el nuevo modelo representa para cualquier militante con derecho a
votar y ser votado, un reto titánico pues quien no cuenta con los recursos
suficientes para llegar a toda la base de electores a nivel nacional, está de
inicio, en condiciones de completa y
absoluta inequidad.
En este sentido, cabe precisar que el viejo
modelo, si bien era un esquema fundado en una democracia representativa, no era
tan manipulable como suele suponerse: las cúpulas podían condicionar pero no
garantizar el resultado, y esa diferencia importa. Lo que los teóricos de la
representación llaman selección por discusión —donde el argumento opera en
tiempo real sobre votantes presentes, capaces de cambiar de opinión antes del
conteo— tenía una virtud que el modelo posterior eliminó sin anunciarlo: la posibilidad
de remontar. Para muestra un botón: en marzo de 1993, cuando Carlos Castillo
Peraza llegó a la sesión decisiva del Consejo Nacional en evidente desventaja
frente a Alfredo Ling Altamirano, logró remontar el resultado en la última
ronda de votación con un discurso sobre las ideas y la doctrina como el alma
del partido. No ganó por estructura, ganó porque, en una sala donde todos
escuchaban lo mismo en tiempo real, el argumento todavía podía vencer al
cálculo. Esa es precisamente la distinción que el cambio de 2013 extinguió: la
selección por conteo que rige hoy opera sobre decenas de miles de votantes
dispersos en treinta y dos estados que deciden con una opinión formada semanas
antes, moldeada por la exposición que cada candidato logró pagar, construir o
heredar. Nadie remonta una elección de ese tipo con un discurso final, porque
no existe la sala, ni la ronda, ni el momento compartido en el que ese discurso
pudiera operar.
El caso Romero es, en ese sentido, el
experimento perfecto para medir si el cambio de 2013 transfirió poder real o
solo amplió la membresía de quienes pueden atestiguarlo. Un presidente en busca
de la reelección concentra, por definición, todo lo que decide una elección por
conteo: visibilidad pública construida durante años con cargo institucional,
control de la estructura del partido, acceso a sus recursos, reconocimiento
previo entre la militancia y la posibilidad de fijar la narrativa de la
contienda. Cabe señalar que el magistrado disidente en la votación de la
resolución del Tribunal, dijo con crudeza que quien ya ejerce la presidencia
dispone de ventajas que ningún aspirante de primera vez posee, y permitir que
esas ventajas compitan en un proceso diseñado, en teoría, para abrirle paso a
alguien sin ellas, vacía de contenido el propósito mismo de la regla de
igualdad, de tener la “cancha pareja”. Esa es exactamente la lógica que ya
operaba, sin necesidad de tribunal alguno, en cada elección de dirigencia
nacional desde 2014: no hace falta prohibir a nadie competir cuando el diseño
de la competencia ya decidió, de antemano, quién puede hacerlo con
posibilidades reales.
Hay un dato adicional que rara vez se menciona
y que vale señalar: la tasa de participación —el indicador que usualmente se
invoca para medir la salud de una democracia interna— describe aquí exactamente
la trayectoria opuesta a la esperada. En la primera elección abierta de 2014,
votó el 72 por ciento de la militancia nacional. Una década después, la
dirigencia que hoy busca reelegirse llegó al cargo con una participación
cercana al 50 por ciento, sin que los estatutos exigieran un mínimo para que el
resultado fuera válido. No es un detalle menor. Si el voto directo fuera, en
efecto, el mecanismo que devolvió el poder a la base, cabría esperar que el
entusiasmo por ejercerlo creciera con los años, no que se erosionara. El
descenso sostenido sugiere algo más incómodo: que la caída en la participación
no es apatía, sino aprendizaje. La militancia ha comprobado, elección tras
elección, que votar y decidir no es lo mismo, y que el efecto de marcar una
boleta se vuelve marginal cuando el resultado ya estaba, en los hechos,
prefigurado por quién llegó a ella con estructura. Dicho de otro modo: el
indicador que el partido usa para demostrar su vitalidad democrática puede
estar midiendo, en sentido inverso, su vaciamiento.
Aquí aparece el reto principal: si el PAN
quisiera, hoy, devolverle sentido real a la idea de que cualquier militante
puede aspirar a dirigir el partido —lo que exige atender no solo el derecho a
votar, sino también las condiciones bajo las cuales alguien puede ser votado
con posibilidades reales— necesitaría intervenir en al menos dos niveles
distintos. El primero, estructural, atacaría el problema de raíz: prohibir la
reelección inmediata de quien ya controla el aparato. Ninguna otra medida
iguala su capacidad de nivelar la competencia, porque elimina la fuente
primaria de la asimetría antes de que el proceso comience. El segundo nivel, de
carácter procedimental, buscaría reducir la ventaja acumulada sin alterar la
titularidad del cargo: financiamiento equivalente para todos los aspirantes,
mecanismos híbridos de votación que requieran presencia real por entidad
federativa, y debates transmitidos en vivo que permitan al argumento —y no solo
a la exposición acumulada o a los acuerdos previos— mover una votación. Estas
medidas son valiosas, pero paliativas: atenúan la desigualdad sin suprimirla,
porque existen ventajas de incumbencia que ningún presupuesto igualado puede
neutralizar. Cada una implica restringir algo: la libertad de quien ocupa el
cargo para competir, el peso exclusivo del voto disperso, el monopolio de la
narrativa. Eso no es un defecto del diagnóstico; es la evidencia de que
democratizar las condiciones del ser votado cuesta algo, y que ese costo no ha
sido asumido todavía.
Si el PAN se enfocara en realizar cambios de
esta naturaleza, sería la primera reforma que de forma estructural
democratizara las condiciones bajo las cuales se compite por ser votado. La
reforma de 2013 amplió la base de quienes tienen derecho al voto pero dejó
intacta y de hecho profundizó la desigualdad en el acceso a una candidatura
real en competencia. Actualmente, si de verdad se quiere democratizar el
proceso de elección, se necesita una reforma que limite la reelección, iguale
recursos y reintroduzca deliberación para ajustar y matizar el alcance
simbólico de la idea romántica de "todos votan", pero ampliaría por
primera vez el universo de quienes podrían, con mérito y sin estructura previa,
ganar.
Nada de esto es exclusivo del PAN, y ahí está,
quizá, la razón por la que este caso merece la atención de quien milita y de
quien no. Los partidos políticos son entidades de interés público y se
financian con recursos de los contribuyentes, por lo cual, lo que sucede dentro
de ellos y como operan es de interés general y un cambio de esta naturaleza
debe de promoverse por los efectos que tendría en la vida pública. Esto implica
que todo partido político que decidió, en algún momento de las últimas décadas,
sustituir cuerpos deliberativos reducidos por consultas masivas, hoy en día
enfrenta una tensión no resuelta: ampliar quién decide una votación no
garantiza ampliar quién puede ser decidido. La estructura, el dinero y la
exposición previa no desaparecen cuando se les pide a más personas que voten;
simplemente se vuelven más difíciles de ver, porque quedan disueltos en la
legitimidad aparente de una cifra de participación. Si queremos democratizar
nuestra vida política debemos exigir democracia verdadera dentro de la vida de
los partidos políticos: si luchan por la democracia, deben vivirla y
practicarla en si vida interior.
Queda entonces una pregunta abierta para la
reflexión: ¿Es razonable seguir midiendo la salud democrática de una
organización por cuántos votan, o habría que empezar a medirla por cuántos, sin
estructura previa, tendrían una oportunidad real de ganar? Y si la respuesta
inquieta —porque inquieta, y debería inquietar tanto al militante panista como
al ciudadano que observa desde fuera—, tal vez el problema no sea Jorge Romero,
ni el PAN, ni esta elección en particular, sino la facilidad con la que cualquier
institución, incluidas las que defienden la democracia como bandera histórica,
puede convencerse a sí misma de que ha repartido el poder simplemente porque ha
repartido la boleta. La pregunta que de verdad importa no es si Jorge Romero
tiene algún impedimento para reelegirse. Es si alguien sin su estructura
tendría posibilidades reales para vencerlo.
Eduardo Vázquez — Mente Política, 2026
[1] La resolución se discutió y aprobó en sesión pública
de la Sala Superior del TEPJF el miércoles 10 de junio de 2026, bajo el
expediente SUP-JDC-285/2026, y comenzó a difundirse en medios el 11 y 12 de
junio de 2026.
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