Más allá del escándalo: el caso Rocha Moya y el alma de la República

 

A veces, un solo nombre mencionado en una acusación judicial basta para que el ruido de las redes se vuelva ensordecedor. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue señalado el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Junto con otros nueve funcionarios —entre ellos un senador en funciones y altos mandos de seguridad—, se le imputa haber conspirado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La acusación habla de protección a cambio de apoyo electoral, sobornos, colocación de funcionarios afines y facilitación del flujo de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. Rocha rechaza todo con firmeza: dice que son imputaciones sin fundamento, un ataque político contra la Cuarta Transformación y contra la soberanía nacional.

En las redes, como era previsible, el debate se partió en dos bandos irreconciliables. Para unos, se trata de una injerencia imperialista más. Para otros, la prueba definitiva de que el “abrazos, no balazos” terminó convirtiéndose en un abrazo peligroso con el poder real que manda en ciertas regiones. Ambas reacciones son humanas, pero ambas se quedan cortas. Porque este caso, más allá de la inocencia o culpabilidad de una persona —que deberá probarse con evidencia y no con tuits—, nos obliga a mirar algo más antiguo y más grave: la fragilidad crónica del Estado mexicano.

Nacido en Badiraguato, la misma tierra que vio crecer a figuras legendarias del narco, Rocha Moya transitó por la academia, la rectoría universitaria y diversos partidos de izquierda antes de llegar a Morena. Su historia personal resume, en buena medida, el recorrido de una izquierda que pasó del idealismo cardenista al pragmatismo del poder. Y es precisamente ahí donde duele la pregunta: ¿cómo es posible que un proyecto que se presentó como refundación moral de la República termine señalado por convivir con los mismos poderes que prometió combatir?

La política, desde los griegos, no es solo administración de recursos ni reparto de favores. Es, ante todo, el arte de ordenar la vida en común hacia algo que se parezca al bien compartido. Cuando un gobernante —cualquiera que sea su bandera— permite que fuerzas criminales operen con impunidad, o peor, se beneficia de ellas, se produce una inversión profunda: el Estado deja de ser el guardián del monopolio legítimo de la fuerza para convertirse en socio menor de quien ejerce la fuerza ilegítima.

No se trata solo de un gobernador. Se trata de una pregunta que México arrastra desde hace décadas: ¿por qué nos cuesta tanto construir un Estado de derecho impersonal, fuerte y autónomo frente a los caciques, los poderes regionales y los señores de la guerra posmodernos? Desde la Colonia hasta el PRI hegemónico, pasando por la Revolución institucionalizada y las alternancias fallidas, hemos oscilado entre un autoritarismo central que todo lo controlaba y una fragmentación periférica donde ciertos territorios escapan al control efectivo de la ley.

La Cuarta Transformación llegó con la promesa de acabar con la corrupción del “régimen anterior” y poner al pueblo en el centro. Esa retórica tiene fuerza porque toca una herida real. Pero cuando se enfrenta a realidades tan duras como las de Sinaloa —donde el narco no es solo un grupo delincuencial, sino una estructura social y económica profunda—, la buena intención choca con la naturaleza humana. El hombre no es un ángel desinteresado, y el poder, cuando se concentra sin contrapesos reales, tiende a corromperse. La lealtad política termina pesando más que la probidad, y la “soberanía” se invoca como escudo para evitar el escrutinio incómodo.

Carlos Castillo Peraza, político y filosofo humanista, nos recordaría que la verdadera política no consiste en defender banderas a toda costa, sino en servir a la dignidad de la persona humana. Cuando un gobernante falla en proteger a sus ciudadanos de la violencia, cuando tolera o pacta con quien siembra miedo, traiciona esa dignidad: la de las madres que buscan a sus hijos, la de los jóvenes reclutados a la fuerza, la de los empresarios extorsionados y la de las familias que simplemente quieren vivir en paz.

Este caso no debería resolverse con linchamientos digitales ni con defensas automáticas de partido. Debería obligarnos a una reflexión más serena y más exigente. ¿Estamos dispuestos a fortalecer instituciones impersonales —fiscalías autónomas, poderes judiciales independientes, contrapesos reales— aunque eso limite el margen de maniobra del grupo en el poder? ¿O preferimos seguir apostando todo a la lealtad facciosa y a la retórica de “nosotros contra ellos”?

México merece algo mejor que la repetición eterna de la misma tragedia: la del Estado débil que coexiste con poderes fácticos que terminan gobernando de facto. La solución no está en Washington, aunque sus intereses en el fentanilo sean legítimos. Tampoco está en negar la gravedad de las acusaciones bajo el manto de la soberanía. Está en construir, día con día y sin atajos, una república donde la ley valga más que cualquier tribu, donde el poder sea temporal y esté siempre subordinado al derecho, y donde la dignidad de las personas no sea moneda de cambio para mantener cuotas de poder.

Mientras tanto, el caso Rocha Moya nos deja una lección humilde pero profunda: las revoluciones que prometen transformar todo corren el riesgo de reproducir, bajo nuevas banderas, los vicios más antiguos de nuestra historia. La verdadera transformación no pasa por cambiar de nombre al gobernante, sino por cambiar la relación entre el ciudadano y el poder. Esa es la tarea pendiente. Y es, sin duda, la más difícil. 

Eduardo Vázquez Chávez

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